- La Mancomunidad del Sur lleva más de 5 años operando la Planta de Biometanización contraviniendo gravemente la Autorización Ambiental que rige esta instalación.
- Los sistemas que mejoraban la eficiencia energética y el control en continuo de las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera -por los que esta planta recibió la Autorización para operar- fueron desmantelados en 2014, estándose vulnerando gravemente la Legislación desde entonces.
- Se están desaprovechando 1.700.000 kWh de energía al año, el equivalente al consumo de 500 familias o la emisión de 852 toneladas de CO2.
- Se llevan más de 5 años sin control continuo de las emisiones de los gases de combustión (CO, NOx y SOx) de una planta que trata 140.000 toneladas de basura al año, lo cual explica el aumento en los últimos de los malos olores sufridos en las localidades cercanas al vertedero.
La Planta de Biometanización y Compostaje es una de las tres macro-infraestructuras de tratamiento de residuos que alberga la localidad de Pinto, junto con el depósito controlado y la planta de separación de envases. Esta instalación, con capacidad de tratamiento para 140.000 toneladas de basura al año, fue puesta en funcionamiento en 2004. En ella, se aprovechan para generar energía tanto los gases obtenidos en el proceso de biometanización como los producidos por la desgasificación del vertedero. Este biogás se quema en 11 motogeneradores obteniéndose energía eléctrica que es derivada y vendida a la red obteniéndose un rendimiento de un gas que de otra manera acabaría en la atmósfera aumentando el efecto invernadero.
En el año 2007 se implantó en la planta un nuevo sistema, denominado “de recuperación de calor” o “ciclo de cola”, que superó los 2.400.000 € de inversión, por el que la energía calorífica de los gases de combustión de la quema del biogás -que se encuentran a más de 445ºC- se aprovechaba para producir aún más energía. Para ello se instaló un complejo sistema formado principalmente por caldera de vapor, turbina y alternador. Aquel sistema fue muy aplaudido entonces y anunciado a bombo y platillo por el Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Dos años después, en 2009, la inclusión de la Planta en la Normativa de Prevención y Control Integrado de la Contaminación (IPPC), supuso que ésta debía contar necesariamente con un sistema automático de medición en continuo de los gases contaminantes emitidos. La implantación de dicho proyecto supuso un desembolso de 150.000 € adicionales y permitió disponer de un elevado grado de precisión y fiabilidad en la medición de las emisiones de gases contaminantes de una instalación situada a apenas tres kilómetros de ciudades que suman más de 250.000 habitantes. Después de estas dos importantes inversiones, la planta recibió la Autorización Ambiental Integrada para poder operar.
En los últimos años las localidades más cercanas al vertedero, como San Martín de la Vega, Getafe y, sobre todo, Pinto, vienen experimentando un enorme aumento de episodios recurrentes de malos olores, cada vez más fuertes y frecuentes.
Ante estos hechos, Ecologistas en Acción visitó recientemente los alrededores de la Planta. Para nuestra sorpresa, pudimos comprobar cómo tanto el sistema de recuperación de calor, como el sistema automático de medición de gases contaminantes, se encuentran ambos completamente desmantelados. La chimenea de evacuación de gases de la caldera de recuperación de calor, que instalada superaba los 21 metros de altura, se encuentra ahora tirada en el suelo.
Nos encontramos por tanto frente a una flagrante vulneración de la Autorización Ambiental que permite la operación de esta planta. Una vulneración silenciada y tolerada por el titular de la instalación (la Mancomunidad del Sur) y las distintas empresas operadoras de ésta desde 2014. No existe modificación alguna de la Autorización Ambiental que refleje o permita el desmantelamiento de estos sistemas. No parece tampoco que la Dirección General de Medio Ambiente haya dado cuenta de estas gravísimas irregularidades, todo a pesar de las inspecciones ambientales que tienen obligación de llevar a cabo periódicamente.
No hace falta más que acercarse hoy a los alrededores de la planta para comprobar como por las 11 chimeneas de la planta se emite de manera continua un ingente chorro de 73.800 kg/h de gases nauseabundos y de fortísima coloración amarilla. Además de despilfarrar más de 2,5 millones de euros de inversión pública, además de desaprovechar una cantidad enorme de energía, no se está realizando un control en continuo de los gases contaminantes y potencialmente tóxicos que escapan por esas chimeneas: hidrocarburos sin quemar, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, -principalmente amoniaco-, así como los temidos SOx procedentes de compuestos de azufre presentes en el biogás -principalmente ácido sulfhídrico y mercaptanos- que inundan diariamente los hogares del Sur de Madrid de un enfermizo olor a excrementos y a huevos podridos.
La semana pasada presentamos nuestra denuncia ante el Área de Disciplina Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente. Esperamos y confiamos en que una multa millonaria caiga sobre los responsables de este atentado contra el Medio Ambiente y la Salud de los habitantes del Sur de Madrid, y que se depuren responsabilidades. Paralelamente, también vamos a informar a la Comisión Europea sobre el final que han tenido los más de 2 millones de euros (el 80% del total de las inversiones) con los que financiaron estos proyectos sostenibles, hoy tirados en el suelo del vertedero como si fueran basura.
Este domingo 6 de octubre más de 120 colectivos del Sur de Madrid, entre los que nos contamos, han convocado una gran manifestación que llevará la indignación de los vecinos hasta las mismas puertas del vertedero. Oportunidad para denunciar públicamente este y otros muchos agravios sufridos durante más de 3 décadas. También para gritar no a la tentativa de nueva elevación de altura del vertedero, a la posibilidad de empezar a recibir los residuos de la Mancomunidad del Este, y a las toneladas de residuos y lixiviados que se escapan continuamente del vertedero y se acumulan en fincas y caminos públicos del Parque Regional del Sureste, espacio natural protegido donde se encuentran estas instalaciones cuya operación irregular ahora denunciamos.
