Todos estos inmuebles, enumerados anteriormente, estaban protegidos por nuestro Plan General de Ordenación Urbana de Pinto (1994), que los divide en tres grandes grupos: Edificios de Primer Orden o Protección Total; Edificios de Segundo Orden o Protección Estructural y, edificios de Tercer Orden o Protección Ambiental. En esta última categoría estaban incluidos los edificios recientemente desaparecidos.

El proceso seguido por el Ayuntamiento para obtener las competencias de la Consejería de Urbanismo de la CAM sobre el destino de estos inmuebles ha sido muy largo y el resultado ha sido el abandono de nuestro patrimonio histórico en manos de personas que sirven a intereses partidistas de constructoras, promotores y particulares, siendo los grandes beneficiados de estas actuaciones especulativas.

El Equipo de Gobierno presentó en el Pleno del día 13 de febrero de 1.997, un acuerdo para aprobar provisionalmente una Modificación Puntual de la Ordenanza sobre Edificios Catalogados de Tercer Orden, remitiéndose el expediente a la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte a los efectos de su aprobación definitiva. Así, el 10 de octubre de 1.997 la Consejería de Obras Públicas transfería las competencias de la salvaguardia de estos edificios históricos de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda a una "Comisión" creada a tal efecto por el Ayuntamiento de Pinto.

La Comisión de Urbanismo de Madrid que había examinado el expediente relativo a la Modificación Puntual... hacia la siguiente puntualización:

"Si la propuesta de actuación incluye demoliciones... deberá ser informada favorablemente por una comisión presidida por el Alcalde, e integrada por el Concejal delegado de urbanismo, los portavoces de cada uno de los dos mayores grupos de la Oposición, el Arquitecto y el Arquitecto Técnico municipal que informan las solicitudes de licencias de obras mayores y por el Director de área de urbanismo, cuando exista el cargo. Será preceptivo informe previo del Departamento de Patrimonio Arquitectónico de la Comunidad de Madrid".

Ignorante la CAM que una vez traspasadas las competencias sobre la conservación de estos edificios, los miembros de esa "Comisión" iban a seguir las pautas que sus intereses particulares les dictaran. Pronto lo demostraron cuando el día 20 de enero de 1.998 se reunieron, por primera vez, Antonio Fernández, Francisco Bañuelos, Fernando González, Miguel del Río, Gloria Razabal, Javier Valdés y Adolfo Segura, con el objeto de "sustituir" los siguientes edificios catalogados, sitos en la plaza de las Monjas Capuchinas, 7; calle Empedrada, 8; Edmundo Meric, 10 y Raso Rodela, 1.

El lector ya se habrá dado cuenta de la ausencia de técnicos, excepto el Arquitecto municipal, que se limitó a dar lectura de diferentes informes. Pero también, han tenido la osadía los miembros de esta "Comisión" de tramitar la Licencia de derribo del inmueble de la calle Empedrada, a pesar de no disponer de las recomendaciones de la CAM, pese a que era preceptivo el informe favorable de este organismo, como consta en el documento con núm. de registro 06/298781.5/97 de la Secretaría General Técnica-Servicio de Actuación Administrativa y Desarrollo Normativo, alegando que "...la necesidad de dar una solución a los problemas que plantea el hecho de haber transcurrido más de un año y medio desde el inicio del expediente". Posteriormente el Servicio de Patrimonio remitió con fecha de 26 de enero el dicho informe, aunque ya nuestros representantes habían decidido. Pienso que efectivamente es un argumento de peso el aportado por los miembros de la "Comisión" para hacer desaparecer un edificio histórico de Pinto, sobre todo si valoramos el grado de cualificación que tienen estas personas en el área del Patrimonio Histórico-Artístico.

Algunos pueden pensar que siempre dispondremos de esas fotos tan bonitas y tan bien editadas para reemplazar la perdida permanente de estos edificios. Pero no olvidemos, que aunque para algunos esos inmuebles son simples solares muy bien situados en el casco urbano, para otros son las últimas manifestaciones de la historia de este pueblo y que nunca podrán ser sustituidos por imágenes impresas.

Pero incluso los propios proyectos del Equipo de Gobierno terminan siendo fantasmas, como ese Parque Arqueológico que fue muy anunciado en prensa en diciembre de 1995, cuando el Ayuntamiento de Pinto comunicó que conjuntamente con la Empresa Pública ARPEGIO (gestionada por la Consejería de Obras Públicas de la CAM) y la Dirección General del Patrimonio habían llegado a un acuerdo para el traslado de la villa romana del siglo IV d.c. y de la necrópolis visigoda del siglo VI d.c. encontrada en 1992 en el paraje conocido como "Tinto Juan de la Cruz", creándose un Museo al Aire Libre. El traslado de los restos corrió a cargo de ARPEGIO y bajo la supervisión de ARTRA, los arqueólogos que habían realizado la excavación. El traslado se realizó pero la reubicación de los restos en la parcela dedicada a tal fin no se hizo nunca.

Dos años después, en los folletos de la inauguración de "Parque Europa" también se anunciaba la creación de un "Parque Arqueológico al Aire Libre", completando así el proyecto anterior con los restos encontrados en los yacimientos denominados "La Indiana/El Prado": restos de una ocupación paleolítica, hogares y cabañas de la Edad del Bronce, necrópolis hispano-visigoda, otra villa romana y varios silos. Esta vez el traslado de éstos corrió a cargo de nuestro Consistorio, ascendiendo el coste a 6 millones de pesetas aproximadamente.

Actualmente muchos vecinos han comprobado el estado de abandono en que se encuentra este conjunto de restos arqueológicos, amontonados junto al edificio del picadero de caballos del Parque Juan Carlos I y, como gracias a la denuncia de esta Asociación, el Ayuntamiento lo ha vallado para evitar expolios.